Los grandes grupos constructores, representados por la patronal Seopan, volvieron ayer a la carga para que el Gobierno reactive la obra pública en España mediante fórmulas extrapresupuestarias. Entre ellas figura el modelo de pago por uso en las carreteras, amparado por la Unión Europea (quien contamina paga) y defendido por el Gobierno español en su último plan de reformas enviado a Bruselas (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

Según Seopan, la puesta en marcha de su propuesta de peaje en las autovías permitiría movilizar inversiones del sector privado por valor de más de 5.000 millones de euros.

“No se trata de un modelo de transferencia de rentas sino de transformar la red de alta capacidad y prepararla para la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones contaminantes”, dijo ayer el presidente de Seopan, Julián Núñez. Según los constructores, que han visto cómo el modelo concesional prácticamente ha desaparecido en España en 10 años, el pago por uso “supone una oportunidad para anticipar la adaptación de la carretera a los retos que impone la movilidad sostenible segura, eléctrica y conectada, con además un impacto muy positivo en la sostenibilidad financiera nacional”.

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