La pandemia del COVID‐19 es una emergencia de salud pública, que está afectando también severamente a la actividad económica de toda la cadena de valor de la industria de la construcción, cuya producción bruta representa un 10% del PIB, y emplea a 1.265.00 personas trabajadoras.

Constatando esta realidad, el Real Decreto‐Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID‐19, contempla la voluntad legislativa de que la actividad constructiva se mantenga salvo que como consecuencia de las limitaciones derivadas de la declaración de estado de alarma aquella resulte imposible, y en este marco se viene desenvolviendo el sector de la construcción, compatibilizando los trabajos a desarrollar con las nuevas y rigurosas medidas de prevención, de seguridad y de salud; medidas que sin duda hacen más compleja la ya de por si complicada organización de una obra.

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